Tras los primeros titubeos y fracasos en sus nombramientos, el presidente Obama parece estar adoptando un criterio claro y previsible: nombrar a personas destacadas por su defensa a ultranza del aborto.
Por un lado, la gobernadora de Kansas, Kathleen Sebelius, que ocupa la Secretaría de Salud, el puesto al que tuvo que renunciar Daschle al descubrirse que no había pagado sus impuestos; por otro, Nancy DeParle, como directora de la Oficina de la Casa Blanca para la Reforma de la Sanidad.
Al anunciar estos dos nombramientos, Obama insistió en que ambas trabajarían codo con codo para impulsar la reforma de la Sanidad propuesta por el nuevo presidente norteamericano. Otro punto en común de ambas es su historial abortista radical: DeParle, cuando trabajaba como directora de la Administración Financiera de Sanidad en la Administración Clinton, se negó a aprobar el plan de salud infantil impulsado por el gobernador de Virginia James Gilmore porque no preveía financiación para que las mujeres con escasos recursos pudieran abortar gratis. Sebelius, por su parte, atesora el dudoso honor de conseguir que los tres últimos obispos de Kansas hayan tenido que emitir notas contrarias a esta campeona abortista, incapaz de mostrar ni una sola votación en la que haya limitado el acceso al aborto.
Estas dos nominaciones se añaden a la quizá menos pública pero muy significativa e influyente de Dawn Johnsen como directora de la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia, la asesoría legal del Presidente y de todos los ministerios y agencias dependientes del Ejecutivo. Johnsen es conocida porque ha sido Directora Legal del National Abortion and Reproductive Rights Action League (NARAL) y siempre se ha mostrado como una ardiente defensora de lo que ella llama “libertad reproductiva” (un concepto igual de evanescente que el de la “justicia reproductiva” del entonces senador Obama).
Entre las múltiples tomas de posición de Johnsen, destaca un artículo publicado en Slate en enero de 2006, en el que se lamenta del cierre de algunos centros abortistas y de las restricciones que algunos estados han ido aplicando al aborto. Otro discurso muy clarificador acerca de lo que piensa Johnsen es el que dio en enero de 2008 ante la American Constitution Society, titulado ”A Progressive Agenda for Women’s Reproductive Health and Liberty on Roe v. Wade’s Thirty-Fifth Anniversary”. Allí afirmaba: “Los progresistas deberíamos mirar a largo plazo y formular objetivos ambiciosos, conformados por un compromiso ideológico profundo y no sujetos a las presentes realidades […] La agenda progresista debería aspirar a proteger la libertad reproductiva genuina y la salud reproductiva para todos. Sugiero, para la consecución de ese objetivo, tres estrategias prioritarias para presionar a los tribunales para que invaliden toda restricción al aborto. Primero, concentrarse en persuadir a la gente de que den apoyo a las opciones reproductivas a través de la acción política; segundo, concentrar nuestros esfuerzos en las restricciones al aborto existentes o futuras, y finalmente, situar el aborto entre el conjunto de políticas progresistas necesarias para unas genuinas salud y libertad reproductivas”.
Pero quizás lo que haya levantado más criticas haya sido su equiparación entre embarazo y esclavitud, algo que ya viene de lejos, pues Johnsen utilizó ese argumento en una demanda ante el tribunal Supremo en 1989 y que ha reiterado desde entonces: cualquier restricción que haga el aborto menos accesible es, en su opinión, equivalente a una “servidumbre involuntaria”, pues “exige que la mujer provea un servicio físico continuo al feto”. En su opinión el embarazo forzado por el Estado, que no permitiría abortar, viola durante nueve meses la enmienda decimotercera a la Constitución, que prohíbe la esclavitud.
El perfil de Obama se va aclarando en la elección de su equipo de gobierno y hasta el momento de modo muy preocupante. Hace poco más de un año, Obama declaraba que no conocía a nadie que fuera pro-aborto; quizás no conocía aún a Johnsen o quizás pensó que era mejor adoptar un perfil moderado para, una vez en el poder, desplegar su verdadera agenda.
Jorge Soley Climent
Por un lado, la gobernadora de Kansas, Kathleen Sebelius, que ocupa la Secretaría de Salud, el puesto al que tuvo que renunciar Daschle al descubrirse que no había pagado sus impuestos; por otro, Nancy DeParle, como directora de la Oficina de la Casa Blanca para la Reforma de la Sanidad.
Al anunciar estos dos nombramientos, Obama insistió en que ambas trabajarían codo con codo para impulsar la reforma de la Sanidad propuesta por el nuevo presidente norteamericano. Otro punto en común de ambas es su historial abortista radical: DeParle, cuando trabajaba como directora de la Administración Financiera de Sanidad en la Administración Clinton, se negó a aprobar el plan de salud infantil impulsado por el gobernador de Virginia James Gilmore porque no preveía financiación para que las mujeres con escasos recursos pudieran abortar gratis. Sebelius, por su parte, atesora el dudoso honor de conseguir que los tres últimos obispos de Kansas hayan tenido que emitir notas contrarias a esta campeona abortista, incapaz de mostrar ni una sola votación en la que haya limitado el acceso al aborto.
Estas dos nominaciones se añaden a la quizá menos pública pero muy significativa e influyente de Dawn Johnsen como directora de la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia, la asesoría legal del Presidente y de todos los ministerios y agencias dependientes del Ejecutivo. Johnsen es conocida porque ha sido Directora Legal del National Abortion and Reproductive Rights Action League (NARAL) y siempre se ha mostrado como una ardiente defensora de lo que ella llama “libertad reproductiva” (un concepto igual de evanescente que el de la “justicia reproductiva” del entonces senador Obama).
Entre las múltiples tomas de posición de Johnsen, destaca un artículo publicado en Slate en enero de 2006, en el que se lamenta del cierre de algunos centros abortistas y de las restricciones que algunos estados han ido aplicando al aborto. Otro discurso muy clarificador acerca de lo que piensa Johnsen es el que dio en enero de 2008 ante la American Constitution Society, titulado ”A Progressive Agenda for Women’s Reproductive Health and Liberty on Roe v. Wade’s Thirty-Fifth Anniversary”. Allí afirmaba: “Los progresistas deberíamos mirar a largo plazo y formular objetivos ambiciosos, conformados por un compromiso ideológico profundo y no sujetos a las presentes realidades […] La agenda progresista debería aspirar a proteger la libertad reproductiva genuina y la salud reproductiva para todos. Sugiero, para la consecución de ese objetivo, tres estrategias prioritarias para presionar a los tribunales para que invaliden toda restricción al aborto. Primero, concentrarse en persuadir a la gente de que den apoyo a las opciones reproductivas a través de la acción política; segundo, concentrar nuestros esfuerzos en las restricciones al aborto existentes o futuras, y finalmente, situar el aborto entre el conjunto de políticas progresistas necesarias para unas genuinas salud y libertad reproductivas”.
Pero quizás lo que haya levantado más criticas haya sido su equiparación entre embarazo y esclavitud, algo que ya viene de lejos, pues Johnsen utilizó ese argumento en una demanda ante el tribunal Supremo en 1989 y que ha reiterado desde entonces: cualquier restricción que haga el aborto menos accesible es, en su opinión, equivalente a una “servidumbre involuntaria”, pues “exige que la mujer provea un servicio físico continuo al feto”. En su opinión el embarazo forzado por el Estado, que no permitiría abortar, viola durante nueve meses la enmienda decimotercera a la Constitución, que prohíbe la esclavitud.
El perfil de Obama se va aclarando en la elección de su equipo de gobierno y hasta el momento de modo muy preocupante. Hace poco más de un año, Obama declaraba que no conocía a nadie que fuera pro-aborto; quizás no conocía aún a Johnsen o quizás pensó que era mejor adoptar un perfil moderado para, una vez en el poder, desplegar su verdadera agenda.
Jorge Soley Climent
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