Don Juan Carlos de Borbón acaba de firmar la “Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo”, su segunda “ley del aborto”. En 1985 sancionó una primera ley despenalizadora que, promovida por el PSOE, apoyada por el PP, y definida por Mariano Rajoy y sus máximos dirigentes como una ley “de consenso” ha provocado la muerte de 1.300.000 víctimas inocentes y allanado el camino para esta nueva vuelta de tuerca.
Ante esta situación, la Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista, -único partido político que propone para España la monarquía tradicional y uno de los pocos que defiende íntegramente los valores no negociables- se ve en la obligación de hacer las siguientes consideraciones a la opinión pública:
1º. Como grupo político, los carlistas no entraremos a juzgar la conciencia de don Juan Carlos ni si sus actuaciones públicas merecen o no una reprobación más o menos contundente por parte de la jerarquía de la Iglesia. Los obispos han recordado con claridad suficiente que cualquier político o gobernante que sea corresponsable o público partidario de cualquier legislación abortista no puede ser admitido en la Sagrada Comunión. Respecto a don Juan Carlos lo único que nosotros constatamos es que en el BOE de 4 de marzo no se limita, como si fuera un notario, a dar fe de un acuerdo del Parlamento sino que con su su firma otorga validez legal a la nueva ley.
Concretamente el actual jefe del estado ha firmado lo siguiente:
“A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. (…) Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 3 de marzo de 2010. JUAN CARLOS R.”
2º. Don Juan Carlos ha firmado la nueva ley sin expresar el menor gesto de desaprobación. Ante quienes afirman que ha sido obligado a firmar nos preguntamos: ¿cómo es posible que alguien que dice ser rey y monarca no goce de libertad siquiera para oponerse a una ley injusta, en defensa de los españoles más indefensos?. Que una persona, supuestamente la máxima autoridad del estado, sea declarada no responsable por el sistema constitucional es una vergüenza tanto para quien firma permitiendo que le sigan llamando rey como para todos los españoles, que se ven inmersos en un régimen en el que, como en la dictadura nazi, la orden recibida parecería excusar la voluntad libre y responsable de cada conciencia individual.
3º. Por otra parte la perversidad de la nueva ley del aborto no nos puede hacer olvidar que si hemos llegado a esta situación de definir legalmente la eliminación de seres humanos inocentes como un derecho es gracias a la sanción previa de otras muchas leyes anticristianas que en las últimas décadas y en el marco de una Constitución enemiga de la raíz católica de España han ido proponiendo, apoyando o sancionando el PSOE, el PP y el jefe del estado: nos referimos a las leyes permisivas del divorcio, del divorcio-exprés, de manipulación de embriones, de las píldoras abortivas, de las parejas de hecho, del llamado “matrimonio homosexual”, de la “Educación para la ciudadanía”, etc.
4º. Una vez más pedimos a los españoles que sepan distinguir entre la llamada “monarquía constitucional” y la verdadera “monarquía tradicional”. La primera, con la figura de un rey no-responsable fiel servidor de la revolución relativista, otorga al vigente sistema partitocrático una apariencia respetable. La segunda, que además de la legitimidad de origen planteada históricamente por el legitimismo carlista exige una legitimidad de ejercicio coherente con la tradición política española, es la única que podría garantizar la necesaria estabilidad de las instituciones poniéndolas a resguardo de los vaivenes partidistas.
5º. Por último, queremos animar a los defensores de la causa pro-vida para que no decaigan en su lucha por la verdad de la dignidad humana que tiene su raíz más profunda en la dignidad de los hijos de Dios. Junto a ellos estaremos siempre los carlistas, apoyando cuantas manifestaciones contra el aborto se realicen siempre que vayan encaminadas al primer objetivo verdaderamente pro-vida: la abolición total de cualquier legislación que no proteja la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.
Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista
5 de marzo de 2010
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