Del montepío al usurero

En la Cristiandad medieval la Iglesia prohibió a los católicos el préstamo a interés (usura), que quedó reservado a los infieles, entre los cuales los judíos fueron especialistas. Los créditos tenían intereses de más del 30% (en ocasiones llegaban hasta el 200%) y los tomadores del préstamo lo garantizaban con bienes inmuebles: su casa, sus tierras o sus talleres, lo que se conoce como “crédito hipotecario”. Esto suponía que cuando no podían devolverlos, quedaban privados con frecuencia de su hogar y su medio de vida, condenados a la pobreza.

  

El antijudaísmo medieval tuvo raíz de celo religioso, pero está demostrado que los periódicos furores homicidas contra las comunidades hebraicas (desde mediados del siglo XIV a principios del XV) coincidían frecuentemente con crisis económicas en las que muchos habitantes perdían sus posesiones dadas en garantías a los judíos por sus préstamos.

Los franciscanos fueron pioneros en la preocupación por el problema social del préstamo hipotecario. Inspirado en los tradicionales pósitos de grano, el primer ensayo de crédito aceptable según los mandatos de la Iglesia tuvo lugar en España, cuando don Pedro de Haro y el rey Juan II de Castilla solicitaron al papa Eugenio IV su permiso para crear el “Arca de Misericordia” o “Arca de limosnas” Era una asociación benéfica que guardaba en un arca el dinero o los granos de cereal donados por benefactores que se prestaban a los necesitados con obligación de devolverlo al cabo de un año. La administración era confiada al rector de la iglesia de los franciscanos. La bula de aprobación papal fue emitida el 22 de septiembre de 1431.

Los franciscanos difundieron esta iniciativa en la Italia renacentista, donde era común que judíos (y también cristianos por medio de infieles interpuestos) prestaran a usura en las grandes ciudades mercantiles. Era costumbre llamar allí Monte a una suma de dinero grande (amontonada) y empleado como sinónimo de caja o depósito. Los franciscanos crearon los Montes de Piedad (Monte di Pietà) recalcando con ese nombre que su función no era el préstamo a beneficio, sino el auxilio de los más necesitados. El más antiguo fue el de Ascoli Piceno, en 1458. El beato Michele Carcano fundó el Monte de Perusa en 1462, y el beato Bernardino de Feltre el de Mantua en 1484. Pronto todas las grandes urbes y muchas ciudades pequeñas de la península tuvieron su Monte de Piedad.

¿Cuál era el principio de actuación del Monte de Piedad o Montepío? La asociación caritativa tenía como finalidad el préstamo sin interés a las personas con menos recursos. En lugar de bienes inmuebles, únicamente aceptaban como garantía bienes muebles; principalmente alhajas y ropa, pero también mobiliario, obras de arte o cualquier objeto valioso que se pudiese transportar. A este tipo de préstamo se le llama “crédito prendario”, por la cualidad de “prenda” que se deja como garantía de devolución. Las garantías muebles eran guardadas en depósito, y si el préstamo no se devolvía en el plazo previsto se subastaban, ganando el montepío la diferencia que se pudiese obtener con respecto a lo prestado, o perdiéndola si el precio que se obtenía era menor. En cualquier caso, el tomador del préstamo no perdía ni su casa ni su medio de vida, sino únicamente un objeto superfluo. Como han descubierto los modernos apóstoles del microcrédito, los franciscanos ya comprobaron hace 5 siglos que los humildes suelen ser mucho mejores pagadores de sus deudas que los ricos.

Para obtener sus recursos, el Monte de Piedad tenía varias fuentes. Funcionaba como caja de caudales, cobrando una pequeña suma por la custodia del depósito de dinero. Asimismo solía recibir donaciones de limosnas, donantes, ayudas de la corona o los municipios y celebraciones religiosas.

Para garantizar su continuidad comenzó al cabo de unas décadas la costumbre de cobrar pequeños intereses, generándose un agrio debate dentro de la Iglesia, por ir en contra de la enseñanza católica y los propios principios de los montepíos. El concilio de Letrán de 1515 aceptó finalmente el cobro de intereses, siempre que fuesen moderados (nunca más del 10%). El concilio de Trento reforzó el carácter benéfico que debían tener los Montes de Piedad. Podemos afirmar que un pequeño interés en realidad no supone usura, pues la inflación o devaluación de la ley de la moneda es más frecuente que la deflación.

El primer Monte de Piedad de la Corona española se fundó en 1536, en Nueva España de las Indias, y en 1550 el primero de la península, en Dueñas. Pronto se generalizaron por todos los reinos y virreinatos hispanos. Estaban patrocinados por la Corona y su naturaleza era semejante a la de las cofradías, fuertemente ligada a un concepto moral y religioso católico, enemigo de la usura.

Precisamente el rechazo calvinista a los principios religiosos del montepío dio lugar al nacimiento de las cajas de ahorro (con Jeremy Bentham y su concepto de autoayuda), a lo largo del siglo XVIII en el norte de Europa, y en el XIX en Francia e Italia. En España fueron introducidas por el liberalismo, a partir de la regulación de 1835, tratando de sustituir la función de las entidades religiosas de ayuda al necesitado que habían quedado privadas de sus medios de sustento con la desamortización de sus bienes aquel mismo año.

El principio rector de la caja de ahorros estaba fundado en el estímulo del ahorro como la forma de mejorar las condiciones de vida de las clases más humildes. Se crearon asociaciones mutualistas en las que sus miembros benefactores aportaban dinero para una caja cooperativa que captaba depósitos de particulares remunerados por medio de un interés (al contrario que los montepíos que cobraban el depósito). El metálico depositado era empleado por la caja para a su vez conceder préstamos, aunque no financieros. Dado que su fin era benéfico y no usurario, los intereses que se cobraban al préstamo eran bajos, muy similares a los de los Montes de Piedad. Si bien el fin ético-religioso de los montepíos se perdía con este nuevo concepto, seguían tratándose de asociaciones sin ánimo de lucro, cooperativas y muy arraigadas al lugar donde nacían, con un objeto social indudable. El abandono del crédito prendatario por el hipotecario suponía que las cajas de ahorro amenazaban como los usureros el hogar y los medios de subsistencia de aquellos a quienes prestaban. La realidad es que en España muchos Montes de Piedad crearon sus propias cajas de ahorro, ejerciendo ambos tipos de crédito en la misma entidad, de forma que sus clientes podían acogerse a la modalidad de préstamo que más les conviniese. No olvidemos todos los servicios que como mutuas cooperativas ofrecían a sus socios y clientes: seguros de vida, vivienda o cosechas, pensiones, atención sanitaria, etc, con lo que ello suponía para la estabilidad y prosperidad social.

Como es obvio, tanto los Montes de Piedad como las cajas de ahorro suponían una competencia muy dura para los prestamistas usurarios, sobre todo en el mercado del crédito a las clases medias y bajas, que prácticamente coparon las nuevas entidades. Es bien sabido que los prestamistas usurarios evolucionaron hacia la creación de empresas de financiación a interés: los bancos.

Con el Real Decreto de 29 de junio de 1853, el gabinete del general Lersundi (en las agonías de la década del gobierno de los liberales moderados) se aseguró de que la iniciativa social que pudiese haber detrás de las cajas de ahorro quedase sujeta a la tutela del estado. Se creó así la “Caja General de Depósitos y Consignaciones”, en la que las cajas debían depositar el capital no invertido (excedentario) que era empleado ilegítimamente por la Hacienda en la financiación de deuda pública (provocando la protesta de las juntas rectoras que desconfiaban de la solvencia del estado). Asimismo, se ordenó que las cajas quedasen bajo la protección del Ministerio de la Gobernación (ministerio del Interior actual) y que los gobernadores civiles crearan una caja de ahorros en cada capital de provincia. Con la injerencia estatal en la iniciativa privada, los liberales trataban de controlar desde el gobierno el dinero depositado en instituciones en las que confiaban los ciudadanos. La bancarrota del tesoro público causada por el déficit a partir de 1865 afectó a las cajas de ahorro, convertidas por la fuerza en financieras de la deuda a través de la Caja General, provocando la quiebra de muchas de ellas. En 1880, una ley del gobierno Cánovas del Castillo atenuó parcialmente la sujeción de la de 1853, anulando la uniformidad en la gestión y la sujeción al régimen institucional. Gracias a esta ley se fundaron muchas cajas nuevas, pero la Caja General persistió.

La historia de las cajas de ahorro a lo largo del siglo XX es la de la progresiva injerencia del Banco de España en la regulación y dirección de su funcionamiento. Pronto absorbieron a los Montes de Piedad de los cuales habían nacido, convirtiéndolos en meros apéndices de las mismas, o incluso haciéndolos desaparecer. También comenzaron a dar prestamos financieros ocupando otra parcela del negocio usurario. Únicamente su naturaleza de mutualidad y la obligación de reinvertir todos sus beneficios en créditos sociales o en obras de beneficencia les diferenciaba ya de los bancos.

La ley de 1978 puso la gestión y control de las cajas de ahorro en manos de las flamantes autonomías españolas. El principal cometido de los gobiernos autonómicos en estos últimos 30 años ha sido unir diversas cajas municipales del territorio en una o dos autonómicas, de forma que perdieran buena parte de su implantación local, y emplear sus fondos para financiar la deuda pública autonómica (como sus antecesores centrales decimonónicos), así como conceder créditos de dudosa devolución a todo tipo de empresarios o especuladores con contactos entre los políticos en el poder.

Todos sabemos lo que lo que ello ha generado: al calor del crédito hipotecario en la vivienda, en plena expansión, las cajas de ahorro han concedido créditos a particulares insolventes, con frecuencia tasando su vivienda por encima del precio real, al igual que ha ocurrido con los proyectos urbanísticos de constructores (y con ello colaborando al fenómeno que se ha venido en llamar la “burbuja inmobiliaria”) y lo que es peor, entrando a financiar la compra de suelo sobrevalorado para futuras urbanizaciones. Todos ellos, y particularmente el último, negocios especulativos muy alejados de la función social de ayuda a los más necesitados con la que nacieron montepíos y cajas de ahorro. Casas, proyectos y suelo que han perdido en poco tiempo al menos la mitad de su valor.

La crisis inmobiliaria y financiera ha sorprendido a las cajas en el peor escenario posible, dada la incuria e imprevisión con la que han sido gestionadas por los gobiernos autonómicos con la complacencia de los mecanismos reguladores. Son las entidades financieras con mayor porcentaje de créditos hipotecarios de imposible devolución (“activos tóxicos” se les llama en el argot). Ante la amenaza de quiebra, han acudido al auxilio del fondo de rescate público del Banco de España. Para acceder a esta ayuda el gobierno de Rodríguez Zapatero (oficialmente del Partido Socialista Obrero, pero sin duda en el mejor espíritu del liberalismo progresista masónico y jacobino de épocas pretéritas) les ha puesto dos condiciones: la fusión en entidades supraautonómicas y su conversión en bancos. Su objeto social continuará en sus estatutos un tiempo, y luego desaparecerá sin que nadie pregunte por él. El golpe de gracia.

En resumen, la continua injerencia de los gobiernos liberales en los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro, ha convertido a entidades nacidas como cooperativas de crédito social para los más desfavorecidos en entidades prestamistas usurarias a la vuelta de un par de siglos. Si hubiese un manual de como desproteger a los más pobres, dejándolos a merced de la siempre palpable avaricia de los prestamistas y de la siempre etérea protección del estado, la historia de los montepíos y las cajas en nuestro país debería figurar en la introducción.

No hay forma cabal, sensata, cristiana y tradicionalista para resolver esta corrupción de las entidades de crédito social que eliminar la injerencia estatal en ellas, y revivir el espíritu cooperativo de ayuda al más necesitado que partió hace muchos siglos de aquellos humildes franciscanos, ayudados por muchos cristianos pudientes, para evitar que los más pobres se viesen privados de sus casas, sus campos y sus talleres, por los usureros que se lucraban con su necesidad de dinero. Urge vivificar de nuevo el espíritu de montepíos y cajas de ahorro. Ninguna ingeniería financiera podrá resolver esta situación estructuralmente corrompida por la codicia.

En 1796 Napoleón ocupó Italia, y por derecho de conquista se incautó de todos los depósitos de los Montes di Pietà, arruinándolos; eran entidades religiosas asociadas al Sistema Tradicional que su Revolución estaba afanándose en destruir. Este prototipo de autócrata liberal fue brutal, pero bastante más franco que los liberales españoles, los cuales han empleado métodos mucho más retorcidos para mantener la ficción de la existencia de cooperativas sociales de crédito benéfico, hasta dejarlas exhaustas. Una vez las han exprimido y no les pueden sacar más beneficio, las convierten en otra cueva de prestamistas.

Con ánimo de lucro.

Nacho|Portal Avant