Los movimientos católicos andan revueltos. La Generalitat de Cataluña ha elaborado un proyecto de ley en el que otorga a los alcaldes la potestad para conceder o denegar licencias de actividad a las iglesias y todos los lugares “de reunión con fines religiosos”, un tipo de autorizaciones preceptivas al estilo de las requeridas para abrir equipamientos comerciales o discotecas.
El movimiento de protesta cuestiona que se deje en manos de los alcaldes la arbitrariedad de conceder o retirar una licencia que afecta a un derecho fundamental, como es el de la libertad religiosa. Así lo denuncia Pablo Molinero, portavoz del Observatorio para las libertades Religiosas, una organización de expertos en derecho eclesiástico que se ha convertido en epicentro de la protesta. Temen que en Cataluña no se pueda abrir una parroquia si el poder político local no quiere porque podría cerrarla con la excusa de las condiciones de salubridad, por ejemplo.
El proyecto de ley ha sido elaborado por la vicepresidencia del Ejecutivo, dirigida por el republicano Josep Lluís Carod-Rovira, de quien depende el departamento de Asuntos Religiosos. Contempla una doble licencia a otorgar por los alcaldes para que certifiquen la idoneidad de seguridad y salubridad. Por un lado, la licencia urbanística habitual y, por el otro, la licencia municipal de actividad “de uso de centros de culto o de reunión con fines religiosos”.
La regulación es fruto del nuevo Estatuto de Cataluña, que otorga a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de entidades religiosas y en materia urbanística, y de la preocupación ante la proliferación de centros musulmanes que se abren en casas sin ningún control. Afecta a todos los centros de culto de nueva creación, los que realicen obras mayores y todos aquellos que no estén incluidos en el Patrimonio catalán, a los que se les concede cinco años para adaptarse.
El proyecto de ley fue aprobado el pasado viernes por el consejo de Gobierno y remitido al parlamento autónomo para su debate. Y al estilo del Conde Romanones –“Dejad que ellos [los diputados] hagan las leyes, yo haré el reglamento”-, la normativa incluye que un futuro reglamento defina los requisitos que deben cumplir los centros de culto para recibir la licencia de actividad. No se especifica lo que contendrá el futuro reglamento, que será elaborado en el plazo de un año.
Los obispos catalanes no se oponen, en principio, a este proyecto de ley pero expresan su temor ante el futuro reglamento que será el que verdaderamente regule los lugares de culto. Su portavoz, el obispo de la Seu de Urgell, Joan-Enric Vives, ha expresado su preocupación porque afecta al ejercicio de un derecho fundamental, el de libertad religiosa, y porque pretende regular en una misma ley “realidades muy diversas, como son las iglesias, las sinagogas, las mezquitas y otros centros que tienen naturaleza, contenidos y finalidades diferentes y específicas”.
En Cataluña hay 3.449 centros de culto, de los cuales 2.500 son católicos, 452 protestantes, 169 islámicos, 150 de Testigos de Jehová y cuatro sinagogas, entre otros. El artículo 7 del proyecto garantiza “un trato igualitario y no discriminatorio” a todas las confesiones religiosas en la cesión y autorización de los equipamientos públicos, allí donde se instalarán los centros de culto.
¿Permiso para las procesiones?
También regulará la ocupación temporal de los espacios públicos para las manifestaciones religiosas. Si este último punto se llevara al límite, un alcalde podría prohibir las procesiones ya que afecta a la salud de los penitentes, indican fuentes de movimiento de protesta que expresan su temor a que la ley implique “tener que pedir permiso para ejercer la libertad religiosa”.
A este movimiento le parece “sospechoso” que Carod-Rovira sea el adalid ahora de la libertad religiosa y promueva esta ley, cuando “se ha caracterizado por el ataque a la religión cristiana y ha hecho mofa específica de las creencias religiosas”, sostiene Molinero.
En su preámbulo el proyecto de ley explica que se requieren nuevas respuestas ante el aumento de la población y los cambios demográficos registrados en Cataluña. Sostiene además que el ejercicio de la tradición religiosa ha originado “perjuicios en relación a otras personas” y que algunas ordenanzas y moratorias municipales “han dificultado el ejercicio de la libertad religiosa y han favorecido las condiciones precarias de algunos centros de culto”.
.png)
